Reflexiones │ Si bien las experiencias de monitoreo y evaluación hacia la gestión pública por parte de las organizaciones de la sociedad abundan (desde monitoreo y evaluación de procesos electorales, hasta evaluaciones de impacto de los planes y programas de Gobierno), más difícil es reconocer esfuerzos de estas organizaciones por monitorear y evaluar su propio trabajo.
Desde la promoción e instalación de temas en la agenda pública, producto de su expertise en diversas materias, al de socias territoriales en la implementación de programas; desde la innovación en ciertas maneras de intervenir sobre lo público, hasta la facilitación de la negociación y el consenso entre funcionarios públicos.
Además de estas funciones, es interesante analizar el rol de estas organizaciones en tanto evaluadoras de la gestión pública, función que muchas de ellas cumplen cuando monitorean el desempeño de los planes y programas de Gobierno. Como evaluadoras, las organizaciones de la sociedad civil buscan producir y utilizar información y conocimiento que aporten a la formación de juicios informados sobre las políticas públicas: su impacto, sus efectos, su eficiencia, su eficacia, su desempeño o su presupuesto.
Existe un creciente consenso sobre la relevancia de la evaluación como estrategia de transparencia y rendición de cuentas para las organizaciones de la sociedad civil. El acuerdo está siendo impulsado tanto por agencias de la cooperación internacional, que buscan conocer y visibilizar el impacto de sus apoyos, como por una preocupación de abajo hacia arriba instaurada como necesidad en las mismas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el camino hacia sólidos parámetros de evaluación en nuestras instituciones todavía es sinuoso y está plagado de desafíos.
Dos escenarios
Básicamente, existen dos tipos de escenarios entre las organizaciones de la sociedad civil: aquellas que gestionan un financiamiento de pocos donantes con alta previsibilidad de sus fuentes, y aquellas que gestionan un esquema multidonantes con media a baja previsibilidad de sus fuentes de financiamiento.
En el primer caso, el esquema de rendición de cuentas viene dado en buena medida mediante el propio donante, que establece mecanismos, indicadores y metodología de monitoreo y evaluación.
En el segundo caso, en cambio, los pedidos de informes muchas veces se limitan a proyectos específicos, lo que hace que el foco se mantenga más en las acciones individuales antes que en el plano de la incidencia institucional.
En este contexto, una estrategia adecuada de monitoreo y evaluación cobra más sentido ya que puede ayudar a potenciar el control sobre la agenda institucional, la disponibilidad de información, el alineamiento organizacional y la capacidad de comunicar logros. Poner el foco en los propios resultados de incidencia agregados antes que en las acciones unitarias puede sin lugar a dudas fortalecer y capturar los impactos institucionales.
Es cierto que son múltiples los desafíos que implica avanzar en la consolidación de una cultura de monitoreo y evaluación de nuestras organizaciones. Entre los “peros” más importantes se destaca el hecho de que el contexto político-institucional suele ser adverso debido a que en nuestro país aún no está instaurada una cultura profunda de la evaluación. Superar este contexto y dar el ejemplo es el camino a seguir.
Otro desafío se vincula con la necesidad de generar consenso interno en la dirección y el equipo de trabajo de las organizaciones: los procesos de monitoreo y evaluación requieren de tiempo y recursos para su implementación. Si el equipo adhiere al valor de llevarlos adelante, aumentan las posibilidades de que los procesos fluyan y se hagan sostenibles.
Un tercer aspecto para considerar es cómo se financiarán las actividades de monitoreo y evaluación, pues el común denominador entre las organizaciones suele ser la falta de recursos específicos para encarar este tipo de procesos. Comprometer recursos centrales o crear un fondo de evaluación que se alimente con un porcentaje determinado de recursos de proyectos son algunas de las opciones existentes para resolver este punto y darle sostenibilidad a las iniciativas institucionales. Por último, la falta de conocimiento interno para estos ejercicios y la débil socialización de experiencias similares también dificultan que las organizaciones se embarquen en procesos que aún ven como ajenos y complejos.
Si bien los desafíos son varios y de considerable peso, también es cierto que alcanzado cierto grado de maduración, una organización de la sociedad civil necesita encontrar una manera estratégica, viable y creíble de mejorar el conocimiento sobre cómo está trabajando. Las razones para encarar un proceso de monitoreo y evaluación son múltiples: tener información de calidad sobre progresos y logros alcanzados para rendir cuentas; mejorar la implementación de proyectos y programas usando oportunamente la información generada; detectar nuevas oportunidades; generar conocimiento sobre las estrategias que funcionan en diferentes contextos; aumentar las destrezas de planificación estratégica de los miembros de la organización, y promover objetivos comunes que permitan aunar esfuerzos y potenciar el impacto.
Las preguntas claves
Una manera de abordar el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación puede ser responder cuatro preguntas claves. Primero, la organización deberá reflexionar y tener claridad y consentimiento sobre aquello que se va a evaluar. ¿Está pensando en un proyecto particular, el trabajo de un área específica, la incidencia institucional, o el impacto en los resultados? Avanzar en múltiples frentes puede ser excesivo, pero abordar puntualmente algunos temas estratégicos puede ayudar a generar confianza en el proceso y complejizarlo a ritmo adecuado.
Luego se debe establecer quién monitoreará y evaluará a quién: ¿será función de la alta dirección o será un proceso autogestionado por los miembros de la institución? ¿Podrá combinar elementos de ambos modelos? Además, vale la pena preguntarse si se llevará delante de manera interna con equipo de la organización, o a través de expertos independientes que aporten una mirada desde fuera de la organización.
En tercer lugar, es necesario preguntarse cómo se monitoreará y evaluará, es decir, asignar responsabilidades a las autoridades y al staff respecto de los distintos roles en el proceso: quién diseñará y planificará la evaluación, quién recopilará la información, cómo participarán los distintos actores y quién tomará decisiones con base a sus resultados.
Además, se deberá planificar cómo se gestionarán las recomendaciones que surjan. Esta es quizás una de las actividades más importantes y menos visibilizadas de los procesos de evaluación. Implica tomar acción sobre los hallazgos y generar planes específicos de acción para los puntos de mejora identificados.
En último lugar, una vez que la organización cuente con la información generada por los procesos de monitoreo y evaluación, deberá definir qué hacer con ella: a quién comunicarla, bajo qué formatos y con qué frecuencia.
Queda claro que monitorear y evaluar el trabajo organizacional implicará un importante cambio cultural. Por ello, tomar la decisión de embarcarse en esta tarea no es sencillo. Con todo, el monitoreo y la evaluación institucional es un camino que vale la pena recorrer. Estos procesos devuelven una mirada que es indispensable para las instituciones, pues ayuda a pensar y entender cómo inciden y también cómo gestionan y alinean los recursos para incidir más eficaz y estratégicamente. Dar pequeños pasos para contar con evidencia respecto de cómo funciona una organización será la mejor estrategia para desarrollar un proceso exitoso y que cuente con el consenso de todos los involucrados. Tener información de calidad fortalecerá el trabajo, la reputación y la incidencia de la organización en el largo plazo.
Por Natalia Aquilino y Leandro Echt, directora y coordinador del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
