Eventos | Junto a Luis Osuna, presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, funcionarios, académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil identificaron los principales desafíos para institucionalizar la evaluación de impacto en Argentina.
El principal orador de la jornada fue el Dr. José Luis Osuna, Presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, catedrático E.U. de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y asesor científico del Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo. Al encuentro asistieron más de 25 personas vinculadas a la evaluación de políticas públicas desde diferentes ámbitos. Hubo representantes de la academia, del sector público (nacional y provincial) y de ONGs.
A partir de las reflexiones del Dr. Osuna y del debate que tuvo lugar entre los presentes se pueden señalar cuatro tipos de desafíos para la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en Argentina.
En primer lugar, la institucionalización de la evaluación de políticas públicas enfrenta desafíos propios de la gestión pública, como por ejemplo, el contar con recursos humanos dotados de la capacidad técnica adecuada. Además, es necesario que se genere un esquema de incentivos (positivos y negativos) que estimulen el monitoreo y la evaluación de las acciones del Estado. Por otra parte, el momento en el que se decide llevar a cabo la evaluación es fundamental: la coincidencia o no de la evaluación con momentos favorables del ciclo político es clave para la realización exitosa de una evaluación.
En segundo lugar, se señaló una serie de desafíos inherentes a la evaluación. Un ejemplo de esto son los desafíos metodológicos que encuentra cualquier evaluador cuando, por ejemplo, las condiciones de accesibilidad a la información hacen inviable aplicar una metodología determinada. En algunas ocasiones las decisiones metodológicas pueden implicar también desafíos de tipo ético. Esto ocurre típicamente, por ejemplo, al asignar a grupos de individuos a un grupo de tratamiento o a uno de control, privando de acceso, a los últimos, al beneficio otorgado (por ejemplo, participación en el programa). Asimismo, los objetivos de la evaluación también pueden presentar desafíos a los evaluadores. En evaluaciones en las que se involucra a muchos actores, no es infrecuente que sus visiones acerca de aquello que la evaluación debe investigar, sean diferentes. En este sentido es fundamental que exista acuerdo entre todos los stakeholders acerca de qué se busca responder con el estudio, y cuál será el alcance del mismo.
En tercer lugar, aspectos vinculados la discusión en torno a los posibles usos de las evaluaciones pueden ser un desafío para la institucionalización de la evaluación. Los hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones pueden ser usados (de manera no excluyente) como insumo para la toma de decisiones, como una herramienta para dar legitimidad o como un instrumento de marketing. Algunos sistemas nacionales de evaluación, tal como la CONEVAL en México prevén un uso determinado de los hallazgos y recomendaciones: estos retroalimentan la política pública con la intención de mejorarla.
Por último, se hizo mención a un desafío que es la piedra basal de la institucionalización de la evaluación: la construcción de una cultura de la evaluación en los políticos y en la sociedad. Sin políticos que valoren la disponibilidad de evidencia empírica robusta acerca del desempeño de las actividades que implementan y utilicen esto para informar sus decisiones, y sin una sociedad que demande conocer cuáles son los resultados y el impacto de lo que se hace con los fondos que maneja el Estado, la tarea de institucionalizar la evaluación será siempre ardua.
Eventos como el desayuno organizado por CIPPEC son un espacio de reflexión fundamental en el proceso de institucionalización de la evaluación ya que brindan la oportunidad de expresarse, debatir e informarse a actores clave.
