Reflexiones │ La presencia del jefe de Gabinete de Ministros (JGM) en el Congreso es una oportunidad para monitorear y evaluar la marcha del gobierno: ver si se hace bajo las condiciones que impone la Constitución Nacional.

La Carta Magna indica que deben realizarse una vez al mes, alternando entre cámaras, bajo la forma de un informe y cumpliendo con los requisitos del reglamento interno: envío previo de preguntas con 15 días de antelación y respuesta a éstas con 48 horas de anticipación a la visita. Además, fortalece la calidad del debate político si pone a disposición de la ciudadanía datos sólidos así como una modalidad adecuada de presentación e intercambio.

La vuelta del JGM al Senado es sin dudas una buena noticia. Como mostró CIPPEC, el JGM debería haberse presentado, desde agosto de 1995 a 2013, en 167 sesiones ordinarias. Sin embargo, las 62 sesiones que contaron con su presencia representan apenas un 37% de lo dispuesto por la Constitución. Es además evidencia del manejo integral de las cuestiones de Estado que debe tener la figura del JGM. Con todo, si bien no es responsabilidad única del JGM, un esfuerzo por pasar de datos que reflejan el proceso de producción del Estado a otros que muestren el impacto de las políticas públicas es todavía necesario para alimentar juicios verdaderamente informados sobre la acción del gobierno.

La falta de sistematicidad y publicidad de los datos clave de desarrollo y su evolución dificultan un seguimiento público más ajustado y sobre fuentes de información confiables. En este sentido la noticia de avanzar hacia nuevos formas de soporte informático de datos “en la nube” puede significar un salto cualitativo para la modernización de la gestión y la accesibilidad en la información pública. Esto haría más evaluable la gestión del gobierno.

El informe fue efectivo en lograr el objetivo que propuso el JGM: alimentar el debate político, aumentar la comunicación de los actos de gobierno y darle territorialidad a la política pública. Esto último es especialmente relevante ya que los senadores plantearon temas de carácter provincial que obligaron al JGM a manejar en profundidad datos particulares y específicos a esas realidades. También fue efectivo en garantizar la participación de los senadores con 980 preguntas antes y 10 horas de intercambio durante de la sesión.

El informe presentado buscó vincularse con los 204 objetivos y las 272 metas de gobierno para 2014 que planificó y coordinó el JGM, pero falló en una vinculación directa y explícita que muestre los avances en la planificación. Además, en muchos casos, los indicadores presentados repitieron aquellos que había mencionado la presidenta en la apertura de las 132° sesiones legislativas hace pocos días (salario, crecimiento del número de hospitales, vacunas, conectividad, etcétera).

La modalidad acordada, una pregunta por senador sin límite de tiempo, resultó bastante dinámica pero prolongó la duración de la sesión. En 2008, diversos bloques parlamentarios acordaron una serie de reformas para mejorar la dinámica de interacción entre el JGM y los parlamentarios durante la sesión informativa. Existía, en ese momento, una coincidencia general sobre la necesidad de establecer un mecanismo más ágil y menos discursivo, que permitiera a los legisladores acotar sus preguntas y al JGM a precisar sus respuestas. Sin embargo, esas reformas no fueron institucionalizadas, y cada vez que el JGM asistía al Congreso se sometía nuevamente a votación la metodología bajo la cual se realizará la sesión informativa. Este funcionamiento ad hoc implicaba que, en la práctica, tanto la definición de la dinámica como los criterios para la presentación del informe estuvieran expuestos al clima político imperante.

Es indispensable resaltar la calidad del informe en cuanto a preparación, estructura, datos y lógica de rendición de cuentas y es un gran desafío mantener estas condiciones en el largo plazo ya que la extensión de la sesión que comenzó pasado el mediodía y terminó pasada la medianoche atenta contra su propia efectividad y sostenibilidad como ejercicio democrático. Un plan nacional de desarrollo podría constituir una herramienta para ordenar prioridades, analizar los resultados e impacto de las políticas públicas y enriquecer la rendición de cuentas tanto para con los actores estatales como para con la ciudadanía en general.